El diputado regional Víctor Martínez-Carrasco y el viceportavoz del PP y director general de Evaluación Educativa y Formación Profesional, Sergio López Barrancos, han asegurado que "esta ley es una concesión a los partidos nacionalistas cuyos votos resultan imprescindibles para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda aprobar los presupuestos del Estado"

"Es una ley que carece del diálogo con la comunidad educativa y del consenso solicitado por el conjunto de la sociedad. El Gobierno de la nación se niega a escuchar a docentes, alumnos, directivos, expertos y gestores", ha explicado López Barrancos

"Para el PP, la enseñanza concertada y la educación especial en la Región de Murcia van a seguir contando con el apoyo del Gobierno regional porque complementan y hacen más fuerte nuestro modelo de enseñanza", ha asegurado

Por su parte, el diputado regional ha manifestado que desde el PP "defendemos la libertad y la calidad como ejes fundamentales e irrenunciables de nuestro sistema educativo. Las familias tienen el derecho de elegir libremente qué educación quieren para sus hijos, por eso apoyamos a la red pública y a la concertada"

"La lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español es el castellano", ha recordado Martínez-Carrasco

El Partido Popular de la Región de Murcia ha promovido una campaña contra los "ataques" de la reforma educativa que estos días se tramita en el Congreso de los Diputados a instancias del Gobierno de Pedro Sánchez y que atenta, entre otros asuntos, contra la libertad de los padres a decidir cómo quieren que sea la educación de sus hijos.

El diputado regional Víctor Martínez-Carrasco y el viceportavoz del PP local y director general de Evaluación Educativa y Formación Profesional, Sergio López Barrancos, han dado a conocer en una rueda de prensa ofrecida en Caravaca la campaña de recogida de firmas contra esta reforma educativa.

"El proyecto de ley inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma, lo cual es absolutamente inmoral. Es una ley que carece del diálogo con la comunidad educativa y del consenso solicitado por el conjunto de la sociedad. El Gobierno de la nación se niega a escuchar a docentes, alumnos, directivos, expertos y gestores", según ha explicado López Barrancos, quien ha añadido que "es un proyecto anticuado, una reedición de la LOE: No configura un sistema moderno y flexible que permita homologar nuestro sistema educativo con los países de nuestro entorno".

"La nueva ley no da respuesta a las necesidades del sistema educativo especial; no redundará en una mejora del sistema educativo", ha asegurado el viceportavoz popular, quien ha enumerado los "ataques" de esta ley a la enseñanza concertada, a la educación especial, a la lengua española, a la libertad de elección de los padres y a la inspección educativa.

Como ya dijo el presidente del PPRM, Fernando López Miras, para el PP, la enseñanza concertada, las cooperativas y la educación especial en la Región de Murcia "van a seguir contando con el apoyo del Gobierno regional porque complementan y hacen más fuerte nuestro modelo de enseñanza", ha declarado López Barrancos.

Igualmente ha apuntado que "ninguna norma anticonstitucional va a coartar vuestros derechos y nuestra capacidad de actuación en el marco de nuestras competencias" y ha subrayado que "esta ley supone un ataque a la educación concertada y pone en riesgo a los Centros de Educación Especial y relega al Castellano a una mera asignatura rechazando su carácter de lengua vehicular de contenidos".

El director general de Evaluación Educativa ha manifestado que "todo el mundo sabe que esta ley es una concesión a los partidos nacionalistas cuyos votos resultan imprescindibles para que este Gobierno pueda aprobar los presupuestos del Estado".

Libertad y calidad, ejes irrenunciables del sistema educativo

Por su parte, el diputado regional ha manifestado que desde el PP "defendemos la libertad y la calidad como ejes fundamentales e irrenunciables de nuestro sistema educativo. Las familias tienen el derecho de elegir libremente qué educación quieren para sus hijos, por eso apoyamos a la red pública y a la concertada".

"El PSOE fue el creador de los conciertos educativos, pero concibiendo la educación concertada como subsidiaria de la educación pública, no complementaria. La nueva ley suprime la cláusula de la demanda social, allanando así el camino para la supresión masiva de unidades en centros concertados. En este mismo sentido se incluye la prohibición de ceder suelo público para la construcción de centros concertados y de los conciertos con centros de educación diferenciada por sexos", ha informado.

Martínez-Carrasco ha subrayado que "nuestros hijos tienen derecho a una educación de la máxima calidad adaptada a un mundo cada vez más competitivo, por eso apoyamos la realización de pruebas académicas de carácter nacional que evalúen las competencias y conocimientos".

El diputado en la Asamblea Regional ha expresado que la lengua vehicular ordinaria de la enseñanza en todo el territorio español es el castellano. "Sin embargo, la ley permite que el castellano, la lengua común de todo el país, quede relegada a una mera asignatura en el territorio que así lo decida, rechazando su carácter de lengua vehicular de contenidos", ha explicado.

En cuando a los centros de Educación Especial y su incierto futuro, Martínez-Carrasco ha asegurado que "son muchas las familias que han escogido estos centros para sus hijos, pues brindan una atención educativa altamente profesionalizada para los alumnos con necesidades educativas graves. Estos centros, al contrario de lo que se nos quiere hacer ver, trabajan también por la inserción de los alumnos en la sociedad, son también centros de inclusión".

Finalmente, el diputado popular se ha referido a la supresión del llamado 'distrito único', "que supone otro ataque a la libertad de elección de los padres y otro avance en esa educación planificada desde el despacho de un funcionario". Según Martínez-Carrasco, el distrito único ha permitido en la Región de Murcia que más del 90% de familias escolaricen a sus hijos en el centro de su preferencia. "Ahora se retrocede a un sistema donde la Administración le dicta a los padres el centro al que debe asistir su hijo, independientemente de la preferencia de las familias en cuanto a ubicación o programas educativos ofertados".