La decisión del equipo de Gobierno socialista de no pagar la factura de 59.290 € por el asfaltado de dos viales adyacentes al Polígono industrial de Cavila, hasta que se determine quienes son los propietarios de dichos terrenos, y la puesta en conocimiento de los hechos al Ministerio Fiscal, que es quien finalmente presentó denuncia ante el juzgado, ha provocado ya la petición por el PP de dos plenos extraordinarios y varias ruedas de prensa. Y eso denota su nerviosismo.
La difícil decisión de no pagar la factura se tomó para defender los intereses de los ciudadanos, que es nuestro cometido, y para no incurrir en una posible prevaricación y/o malversación de fondos públicos pues entendíamos y seguimos entendiendo que la obra se había hecho sobre viales privados, como quedó demostrado en el pleno del pasado 11 de octubre en el que el Sr. Villa no fue capaz de exponer lo contrario, ya que nunca se acreditó la disponibilidad de los viales a pesar de la advertencia de los técnicos en cuya memoria (apartado I.5) se indicaba: "Además, habrá de acreditarse la disponibilidad de los terrenos ocupados por dichas vías de servicio, previo a la ejecución de las presente obra". Pues bien, en pocos días, sin la disponibilidad de los terrenos y sin ningún tipo de control municipal en la ejecución de la obra, ésta se llevó a cabo. Si realmente se trataba de una obra municipal ¿Porqué no se indicó a los técnicos municipales que llevaran la dirección de la obra? No existe acta de replanteo inicial, ni certificaciones de obra, ni acta de recepción; ni tampoco consta la ejecución de las medidas de seguridad y salud y de gestión de residuos.
En la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 7 de Murcia, ante la demanda interpuesta por la empresa que hizo la obra, ha quedado acreditado que el gobierno municipal actuó correctamente: "Debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de la mercantil que hizo la obra por entender que la resolución de la alcaldía recurrida es ajustada a derecho…" es decir, según el juez, el alcalde hizo lo correcto cuando decidió no abonar la factura hasta que se demuestre si los terrenos eran o no públicos.
Hay más supuestas irregularidades, seis días antes de perder el PP las elecciones en Caravaca, en Junta de Gobierno Local, de 18 de mayo de 2015, se aprobó la memoria valorada por importe de 68.685´80 € + IVA (contrato mayor) y se aplicó, en el mismo acto, con una bajada de precio de 19.686 € adjudicándose por importe de 49.000 € + IVA (contrato menor) aparentando además la existencia de tres ofertas, cuando en realidad se habían presentado tan solo dos porque la tercera se presentó al día siguiente; por tanto, pese a tratarse de un procedimiento negociado se utilizó burdamente el de contrato menor para adjudicar, en breve plazo, antes de finalizar su mandato.
Con la afirmación falsa y pueril de que la baja en el coste de las obras se debió a que los propietarios asumieron el coste de los trabajos de la plataforma de zahorra, el Sr. Villa intenta engañar intencionadamente a los ciudadanos ya que la memoria valorada no incluye los trabajos de preparación de la plataforma, tal y como se menciona expresamente en el apartado I.5 que dice "… deberá ejecutarse una base adecuada al tráfico previsto en la zona y que no es objeto del presente proyecto…"
Por otro lado, conviene saber que la factura en cuestión es una más del paquete que, por importe de más de 1,7 millones de euros fueron aprobadas por el alcalde cesante del PP justo después del arqueo de caja de 3´2 millones de euros, justo el día anterior a la toma de posesión del actual alcalde socialista Pepe Moreno. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
De la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal, la juez del juzgado n° 3 de Caravaca dictó sobreseimiento provisional, es decir, no tiene carácter definitivo, porque no se ha podido determinar si los terrenos son, o no, de titularidad municipal. Por tanto, entendemos que habrá que seguir investigando para determinar la titularidad de los mismos y, dado el caso, que se reabran las Diligencias Previas.
En cuanto a los costes judiciales de este procedimiento, que no ha costado nada y probablemente no le costará al Ayuntamiento, sorprende que ahora le preocupe al PP cuando nunca ha mostrado interés alguno por los costes de tantos y tantos procedimientos judiciales de los que, actualmente, se tiene que defender el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz como consecuencia de 16 años de nefasta gestión.
Respecto al perjuicio al honor, conviene dejar claro que nuestro Gobierno Municipal ha actuado siempre con la máxima discreción posible, en éste y en otros asuntos judiciales, al contrario que el PP que, en su afán de desacreditar al Alcalde Pepe Moreno y deteriorar la buena imagen del gobierno socialista, no para de visibilizar en los plenos y en los medios de comunicación el posible desprestigio de las personas de su partido que aparenta cuidar y defender.
