El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha celebrado la jornada de votación en los cuatro centros de Secundaria del municipio dentro del proceso de presupuestos participativos aplicados al área de Juventud.
Desde las concejalías de Participación Ciudadana y Juventud han informado que se trata del segundo año que se realiza esta iniciativa con alumnado de los institutos 'San Juan de la Cruz', 'Ginés Pérez Chirinos' y 'Oróspeda' y del colegio Nuestra Señora de la Consolación. De este modo, un total de 630 jóvenes deciden a qué proyectos concretos se destina una partida presupuestaria municipal de 15.000 euros, de los que, al menos, 5.000 serán para actuaciones vinculadas con la cultura y la educación y un máximo de 10.000 a proyectos relacionados con otras áreas.
Siguiendo el modelo puesto en práctica el pasado año, el proceso ha estado guiado por investigadores de la Universidad de Murcia, a través de un acuerdo de colaboración suscrito con el Consistorio caravaqueño.
Antes de la jornada de votación, se han celebrado asambleas informativas, donde se ha expuesto el concepto de presupuesto participativo y se han decidido los proyectos. Una vez aplicado el filtro de validación técnica conforme a los criterios previamente establecidos, de las 91 propuestas realizadas por los alumnos, han resultado seleccionadas 29, que son las que finalmente se someten votación. Los jóvenes pueden escoger hasta cinco opciones en función de sus gustos e intereses.
El proceso continuará con el recuento público de votos y con una jornada de rendición de cuentas, en la que tanto los técnicos municipales como la Universidad de Murcia evaluarán todo el proceso.
El pasado año votaron un total de 782 jóvenes y las propuestas con mayor respaldo fueron zonas Wifi, un taller de costura, moda y diseño, un taller de fotografía y un festival con variedad de estilos musicales.
A través de los presupuestos participativos aplicados al área de Juventud se persiguen varios objetivos como conocer y priorizar las necesidades de los jóvenes para contribuir a un empleo más eficaz de los recursos públicos destinados a este colectivo y fomentar su participación activa en los procesos de toma de decisiones.