"La ocupación ilegal por desgracia afecta igualmente a Caravaca en barrios como el del Hoyo, San Vicente y Santos Olmos, el Cabezo del Carmen o el Castillo, donde el Ayuntamiento viene trabajando con la Policía Local junto a Guardia Civil, Dirección General de Vivienda y Mancomunidad de Servicios Sociales, pero las herramientas de las que se disponen son escasas e insuficientes y nos vemos desamparados por el Gobierno nacional debido a sus trabas legales", ha añadido Villa
El Grupo Popular lleva también al Pleno de este lunes 28 de septiembre una moción de urgencia para instar al Gobierno de España a que refuerce los efectivos de la Guardia Civil, trasladados estas semanas a El Cenajo para la custodia de los inmigrantes allí alojados, y garantizar así la seguridad de los vecinos de Caravaca y, en general, de todo el Noroeste
Con el objetivo de proteger el derecho a la propiedad privada y luchar contra la delincuencia e ilegalidad de la ocupación de viviendas y para garantizar la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, el PP de Caravaca de la Cruz presenta al Pleno ordinario del mes de septiembre una moción de apoyo al proyecto de ley que esta formación ha vuelto a presentar en el Congreso de los Diputados.
El portavoz del Grupo Popular, José Santiago Villa, ha presentado esta moción recordando que Caravaca mantiene problemas por la ocupación ilegal de varios inmuebles en algunos barrios. "Reclamamos de las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su aprobación a esta iniciativa antiokupa, pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas", ha subrayado Villa.
"La ocupación ilegal ha crecido en los dos últimos años en torno a un 35%, y se estima que a día de hoy en España hay en torno a 115.000 viviendas ocupadas. Y esta cifra, gracias al colaboracionismo del Gobierno de España, no para de crecer día a día", ha argumentado Villa, quien ha añadido que "por desgracia Caravaca no es ajena a este fenómeno. La ocupación ilegal de viviendas es un enorme problema al que se enfrentan vecinos de barrios como el del Hoyo, San Vicente y Santos Olmos, el Cabezo del Carmen o el Castillo, donde Ayuntamiento viene trabajando con Policía Local junto a Guardia Civil, Dirección General de Vivienda y Mancomunidad de Servicios Sociales, pero las herramientas de las que se disponen son escasas e insuficientes y nos vemos desamparados por el Gobierno nacional debido a sus trabas legales".
El portavoz popular ha hecho referencia asimismo a la inestabilidad social que se genera en muchos casos allá donde se ocupa una vivienda, "donde nacen y crecen los enfrentamientos vecinales. Genera así un clima peligroso de enfrentamientos entre vecinos".
Desalojo de viviendas ocupadas en un plazo máximo de 48 horas
La Proposición de Ley define por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impide que los okupas se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada.
Para ello se permite que las autoridades públicas y sus agentes intervengan dentro del espacio ocupado para proceder al desalojo. La autoridad pública podrá desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas; prohibir a los Ayuntamientos el empadronamiento de "okupas". La solicitud de empadronamiento debe adjuntar la correspondiente escritura, libro de familia o bien el correspondiente contrato de alquiler.
"Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias de ocupación. Así también, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado", ha detallado.
De igual manera, -ha añadido el portavoz popular-, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para que las personas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas.
Moción para pedir al Gobierno central más efectivos de la Guardia Civil
El Grupo Popular lleva también al Pleno de este lunes 28 de septiembre una moción de urgencia para instar al Gobierno de España a que refuerce los efectivos de la Guardia Civil para garantizar así la seguridad de los vecinos de Caravaca y, en general, de todo el Noroeste.
José Villa ha denunciado públicamente la ausencia prácticamente al completo de las patrullas de Guardia Civil que dan cobertura al casco urbano y a las pedanías, así como también al resto de municipios de la comarca, ya que están siendo sistemáticamente desplazadas para custodiar a los inmigrantes alojados en el hotel de El Cenajo de Moratalla.
Villa ha hecho una defensa del cuerpo de la Guardia Civil, para el que reivindica más medios humanos y una mejora de las condiciones en las que se encuentran actualmente, debiendo retornar a sus servicios, en un contexto donde son más necesarios que nunca al estar agravado por las necesidades extraordinarias de la alerta sanitaria.
Ahora, por orden del Ministerio de Interior, se tienen que desplazar a más de 50 kilómetros solo para la ida, viéndose obligados a desatender en gran parte las necesidades de los municipios para los que prestan servicio.
"Consideramos que hipotecar de esta forma la seguridad ciudadana de nuestros pueblos y no buscar soluciones contundentes y permanentes ante la llegada incesante de inmigrantes irregulares es un problema muy grave para el que no se debe mirar para otro lado", ha finalizado el portavoz popular.
