La secretaria general de los socialistas caravaqueños declara que dichas irregularidades se pondrán en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, porque pudieren ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con fondos europeos.
El PSOE de Caravaca de la Cruz ha ofrecido una rueda de prensa en la tarde de hoy, en la que denuncian ante la ciudadanía que se han detectado graves irregularidades administrativas en los procedimientos de contratación de dos obras estratégicas llevadas a cabo por el equipo de gobierno popular en un momento clave: en plena época previa a la campaña de elecciones municipales.
Conforme se informó anteriormente tras destaparse por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia la nulidad plena de sendos expedientes de contratación, el Grupo Municipal Socialista del ayuntamiento caravaqueño solicitó acceso a los dos expedientes que se corresponden con dos obras: una en el Jardín Vertical y la otra en el Museo de los Caballos del Vino.
Según reseñó la portavoz municipal, María José Soria, “desde 2019 hasta ahora, no hemos parado de denunciar públicamente que había muchas resoluciones de alcaldía para el pago de facturas”.
Soria explicó que se trata de una serie de facturas que han tenido entrada en el registro del ayuntamiento, vinculadas a sendos contratos menores en apariencia, pero de los que inicialmente no formaban parte, por lo que con fecha 13 de noviembre de 2023 la Intervención Municipal emitió un informe de omisión de la función interventora sobre las referidas facturas.
Considera la Intervención y se cita textualmente: “en términos generales se trata de un contrato de obras cuyo objeto ha sido fraccionado en diversos contratos con el fin de eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.
Además, considera el informe de Intervención que “no existía crédito adecuado y suficiente cuando tuvieron entrada las correspondientes facturas, por lo que el contrato se ejecutó sin la correspondiente consignación presupuestaria aprobación previa y con omisión de la preceptiva fiscalización previa”.
Soria llamó la atención sobre las declaraciones que hizo el alcalde, José Fco.
García a Rosa Roda News, en la que descargó la responsabilidad en los técnicos del ayuntamiento, mostrando extrañeza por cuánto no es común que los técnicos tomen decisiones sobre las obras sin el beneplácito del concejal competente o del alcalde.
La portavoz socialista exigió responsabilidad a García con respecto a dichos contratos nulos.
La secretaria general de los socialistas caravaqueños, Mari Cruz López, puso de manifiesto que, del examen de ambos expedientes administrativos se desprende la concurrencia de graves irregularidades de tal calado que los contratos menores a los que afectan han sido declarados nulos de pleno derecho por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, tras haber puesto de manifiesto intervención dichas anomalías.
Dichas irregularidades se centran en haberse apartado totalmente del procedimiento legal para los contratos menores, toda vez no se siguió el proceso de selección de ofertas, no existía crédito consignado y no obra informe sobre la necesidad de acometer dichas obras.
López subrayó que “se trata de dos obras estratégicas celebradas por el equipo de gobierno popular llevadas a cabo justo antes de las últimas elecciones municipales.
El PSOE no tiene ningún problema en reconocer el resultado que arrojaron las urnas, pero sí que hemos de poner de manifiesto que el PP afrontó dicha campaña electoral dopado, esto es, apartándose de las normas que establece la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de poder concluir dichas obras a toda prisa”.
López, abogada de profesión, realizó hincapié en que las normas que establece la ley para la contratación pública lo son en favor del interés público: “para que se pueda concurrir a los procesos por parte de las empresas en igualdad, para que se seleccionen las empresas con base en principios de eficiencia económica y transparencia.
Nuestro partido siempre se pondrá de lado de la legalidad vigente y exigirá el cumplimiento de la normativa”.
Concluyó reseñando que se dará traslado a los servicios jurídicos del PSRM para su estudio por parte de letrados especialistas y a su vez, se pondrá en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude hechos que obran en uno de los expedientes, para que se estudie por dicho órgano si pudieren ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados con fondos europeos.
